Resumen: El Juzgado de instancia estima la demanda de dos trabajadoras frente a su empleadora y condena a esta a abonarles una suma en concepto de plus de peligrosidad. La Sala analiza el recurso de suplicación de la empresa demandada, que denuncia la infracción de varios preceptos del Convenio de aplicación y el art. 86 ET. La Sala razona: a) recuerda que la empresa mantiene que el Convenio entró en vigor el 1 de enero de 2021 pero el plus discutido solo puede percibirse en los centros de salud a partir del 1 de enero de 2023 y sin necesidad de acreditar que se llevan a cabo trabajos como los que se describen en el párrafo primero y no puede percibirse antes y de todas formas, las tareas que realizan las demandantes no cumplen esas condiciones; b) recuerda la doctrina del TS sobre la interpretación de los Convenios colectivos y la primacía que ha de darse a la instancia; c) que, en el caso, el Convenio no está queriendo diferir el percibo del plus litigioso en ningún centro de trabajo, sino que prevé su percibo cuando el trabajo realizado tenga las características indicadas; d) que, en el trabajo de la demandante, se cumplen dichas características, como consta en el relato de hechos no combatido en el recurso, tanto antes como después de la fecha fijada en el convenio para su percepción sin necesidad de acreditarlo por lo que tienen derecho al plus que reclaman para antes de dicha fecha. Se desestima el recurso y se confirma la Sentencia de la instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala examina los antecedentes de la crisis sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 y las medidas normativas adoptadas al efecto, abordando la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador a partir de las SSTC 148/2021 y 183/2021, que declaran la inconstitucionalidad parcial de las disposiciones que acordaron el estado de alarma y sus prórrogas. Señala que tales medidas estaban dirigidas a distintos y amplios sectores de actividad y, por tanto, dotadas del suficiente grado de generalidad para encuadrarlas en la categoría de cargas colectivas, además de ajustarse al principio de precaución o cautela (que comporta una inversión de la carga de la prueba) ante situaciones de riesgo para la salud pública. Y se adoptaron de acuerdo con el conocimiento científico de la pandemia existente entonces, por lo que su enjuiciamiento ha de hacerse conforme al criterio jurisprudencial de no retrospección (cláusula del sesgo retrospectivo anglosajona). No cabe alegar que el art. 3.2 de la LO 4/1981 establece un régimen especial (que exoneraría de la antijuricidad del daño y la fuerza mayor) contrapuesto al general de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En consecuencia, las medidas adoptadas por los poderes públicos se dirigieron a limitar los efectos de una pandemia -imprevisible e inevitable-, siendo desarrolladas de manera razonada y proporcionada a la situación existente, por lo que no se generó responsabilidad.
